En México, la gran mayoría de las legislaciones estatales en la materia secunda que el mercado de servicios notariales opere bajo principios contrarios a la libre competencia, lo que eleva sus precios, disminuye su calidad e inhibe la formalización de la actividad económica.
Así lo concluyó el trabajo de Verónica Pérez Lima, quien fue anunciada ganadora del primer lugar del Premio para Identificar el Obstáculo Regulatorio más Absurdo para Competir y Emprender, otorgado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La investigación galardonada muestra que numerosas leyes estatales del Notariado imponen altas barreras a la entrada de nuevos notarios, restringen el número máximo de éstos, fijan referencias para el establecimiento de tarifas y favorecen el “reparto” de zonas geográficas entre notarios, lo cual impide la competencia efectiva entre prestadores de servicios.
Entre los hallazgos, figura que en 30 entidades federativas los gobernadores están facultados para entregar patentes notariales de manera discrecional, lo que permite la selección de agentes que pueden no contar con las capacidades requeridas. Mientras, en otros 30 se establecen referencias para determinar los precios máximos de los servicios a través del “arancel notarial”.
Incluso, en 13 estados los colegios notariales tienen injerencia en la determinación de las tarifas, lo cual favorece la coordinación entre competidores para acordar el monto de los honorarios.
Por si fuera poco, en 27 estados los gobernadores pueden decidir la ubicación de las notarías bajo criterios discrecionales, lo cual promueve la segmentación geográfica de mercados. Y aún más: existen 18 entidades en las que el número de notarios está limitado a uno por cada determinado número de habitantes.
Tal es el caso de Puebla, Oaxaca, Chihuahua y Guerrero, en donde no puede existir más de un notario por cada 50,000 habitantes. Lo anterior a pesar de que, de acuerdo con parámetros internacionales, la penetración notarial en México es baja, con un número de 3.4 notarios por cada 100,000 habitantes, a diferencia de Alemania, que registra 9.4 o Suiza, con 33.3.
“Incrementar el número de notarios y la intensidad de la competencia entre ellos, son factores esenciales para modernizar y formalizar la economía, porque incrementa la certidumbre jurídica y el respeto a los derechos de propiedad”, afirmó la Cofece, en un comunicado.
Otro obstáculo para incrementar el número de notarios es el establecimiento de requisitos no relacionados con la función notarial, como son, edad mínima, buena conducta o residencia mínima en la entidad. Los 32 estados de la República coinciden en este escollo.
Una traba más la constituye el hecho de establecer que sean los colegios notariales estatales los que elaboren los exámenes para aspirantes a notario y conformen el jurado de los exámenes de oposición.
Finalmente, la colegiación obligatoria, que se establece en las leyes de 29 estados, facilita el intercambio de información y la formación de acuerdos entre los notarios para coordinar sus tarifas.
“Por sus implicaciones en el desarrollo nacional, la Cofece hace un llamado a los congresos de las entidades federativas a impulsar reformas en las leyes del servicio notarial, con el fin de eliminar las barreras regulatorias expuestas”, dijo el órgano antimonopolios.
Fortalecer figura
Además, la Comisión que preside Alejandra Palacios, instó al Poder Legislativo federal a revisar y modificar la normativa pertinente para fortalecer la figura del Corredor Público, de manera que incremente la presión competitiva sobre los servicios notariales en temas mercantiles.
“La normativa atiende a una situación distinta a la actualidad del país. No considera los principios ni el objeto de la libre concurrencia y competencia de los mercados de hoy en día”, afirmó, por su parte, Verónica Pérez Lima, ganadora del certamen de la Cofece.
El jurado que decidió el premio ganado por Pérez Lima estuvo conformado por la propia Cofece, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional del Emprendedor, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Emprendedores de México y la Fundación Idea.
Se otorgó un segundo lugar y tres menciones honoríficas a ciudadanos que postularon normativas federales, estatales o municipales relacionadas con el transporte de carga, aprovechamiento de agua, mercados públicos y establecimientos de venta de carne y pollo.
