Jaime Campos, director ejecutivo del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), señaló que el alcance de la recién vetada Ley de Simplificación Administrativa era limitado y defendió el enfoque integral de la entidad que dirige.
La ley se aprobó en la Asamblea Legislativa con los votos de los partidos de derecha, pero luego recibió el veto de la Presidencia de la República porque creaba una institución similar al OMR, con facultades que podían reñir con la competencia de otras instituciones y cuyo funcionamiento implicaba la erogación de recursos en medio de una crisis fiscal.
A esto se suma que el OMR es fruto del compromiso firmado por el Estado salvadoreño – y ratificado por la Asamblea- con la Corporación Reto del Milenio (MCC), como parte de Fomilenio II.
El veto causó el rechazo de gremiales empresariales, pero el OMR aseguró que fortalecer el trabajo de la institución es el camino indicado para aliviar la carga burocrática que afecta a la competitividad del país.
Campos explicó que la ley vetada solo abordaba uno de los tres tipos de costos que genera la regulación, los administrativos (papeleo), dejando de lado los costos de oportunidad (tiempos de respuesta) y sustanciales (por ejemplo, contratar el oficial de cumplimiento que exige la ley contra el lavado de dinero).
En contraste, añadió, el OMR trabaja en un sistema que abordará los efectos de los tres tipos de costos.
MÁS INICIATIVAS
Tras el veto presidencial, la diputada de ARENA, Margarita Escobar, presentó una nueva iniciativa a la Asamblea y Campos consideró que este es un buen paso para fortalecer los esfuerzos por la mejora regulatoria, creando una ley para el OMR.
Durante la discusión de la ley ahora vetada, Escobar se reunió con Campos. El funcionario indicó a Diario El Mundo en ese momento que en ese encuentro le hizo ver a la legisladora “que la competencia del OMR es más amplia”.
Aunque el enfoque del organismo es integral e insiste en que la mejora regulatoria es necesaria, Campos reconoció que hay detractores porque el proceso es lento y “no puede satisfacer las exigencias de tiempo del sector privado”.
En el caso salvadoreño, se trabaja en un inventario de trámites que luego se someterá a un costeo, para pasar a la fase de simplificación que estaría lista en el segundo trimestre de 2018 (ver recuadro).
Mientras tanto, el organismo, junto con otras instituciones, ya logró convertir al portal MiEmpresa.gob.sv en una ventanilla única virtual para la legalización de empresas.
Simplificación en tres pasos
REGISTRO
El miércoles lanzan el Registro Nacional de Trámites y Servicios, que ya identificó 1,036 trámites en el Ejecuitivo. La idea es que las instituciones solo exijan los trámites registrados.
Costeo
A finales de octubre, firmarán una alianza con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de México. La entidad apoyará el costeo del 15 al 20 % de los trámites más vitales.
Simplificación
El costeo iniciaría en el primer trimestre de 2018 y en el segundo trimestre se realizaría el proceso de simplificación. El OMR aspira a que, luego, se logre la digitalización de trámites.
Referencia: http://elmundo.sv/omr-ley-de-simplificacion-administrativa-era-limitada/
